domingo, 12 de febrero de 2017

AUTORIDADES EN LA REGION PIURA EMPIEZAN A SER INVESTIGADOS POR CORRUPCION DE ODEBRECHT

                 El alcance del brazo corruptor  de la empresa brasilera ODEBRECHT está en la región Piura, en tal sentido el congresista de la república  Cevallos, señalo que las grandes obras  que se han realizado en los últimos años, muchas de ellas tienen la sospecha de actos irregulares, posiblemente  la presencia de coimas, tal como ha sido el modus operandis de esta empresa mafiosa, no solo en el Perú, sino a nivel latinoamericano, especificando entre estas obras la del Alto Piura y otras que ya se encuentran en proceso de investigación.
                 El congresista, que
fue entrevistado en el programa dominical de radio LA N de Sullana,  señaló que los actos de corrupción, de la empresa en mención, abarco un amplio sector de autoridades las cuales deben ser investigadas y aplicarles todo el peso de la lay, con la finalidad de devolverle la confianza a la ciudadanía, exigiendo que también se investigue a las empresas que fueron subsidiarias de esta gran empresa y que colaboraron y apoyaron esta forma de corromper a las autoridades. Al referirse a la construcción del aeropuerto de Chincheros, que ha sido concesionado por 40 años a una empresa, que solo aportara el 20% de la inversión, dijo que  eso no solo es sospechoso, sino vergonzoso;  “es un robo al país”, manifestó visiblemente enojado el congresista y agrego que a  solicitado la interpelación al ministro de transporte, por otorgar por ese largo periodo, la concesión de un aeropuerto estratégico a una empresa cuestionada y por tal motivo continuara con las acciones, para exigir las investigaciones y sanciones correspondientes  los culpables.

                   Finalmente, respecto a los posibles responsables de actos de corrupción, de autoridades en la región Piura, explicó que ha solicitado los informes correspondientes, de varias obas publicas cuestionadas, tratando de salvar las vallas burocráticas de funcionarios que impiden la rapidez en los informes de los hechos, con la documentación respectiva, para proceder a realizar  los actos de fiscalización y exigir que se acelera la acción d la justicia, sancionando a los responsables desde el más bajo funcionario, hasta el presidente o gobernador regional si se comprueba su culpabilidad. 

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